El proyecto de ley HB 2606 expandiría la aplicación local de leyes fronterizas, poniendo en riesgo el bienestar de las comunidades fronterizas y de los arizonenses en todo el estado.
PHOENIX, AZ - El martes 26 de marzo, Pablo Correa, Director Ejecutivo de Rural Arizona Action, testificó ante el Comité de Asignaciones del Senado de Arizona en oposición al proyecto de ley HB 2606, que propone una asignación estatal de $50 millones para financiar la aplicación local de leyes de inmigración. Este proyecto de ley ha sido leído por tercera vez y se discutirá durante las negociaciones del presupuesto de Arizona.
En su declaración, Correa advirtió sobre las graves consecuencias que esta medida tendría para las comunidades rurales e inmigrantes, enfatizando que aumentar el papel de las fuerzas del orden locales en la aplicación de leyes de inmigración solo fomenta la desconfianza y el miedo.
"La disposición de la gobernadora Hobbs para colaborar con una administración que ha convertido la seguridad fronteriza en un arma para tomar represalias contra comunidades según su raza, etnicidad y estatus migratorio va en contra de los valores de nuestra nación y socava la confianza que las comunidades construyen con las fuerzas del orden para protegerse de crímenes reales," declaró Correa en su testimonio.
Rural Arizona Action y otras organizaciones de defensa han testificado en contra de HB 2606 en tres ocasiones distintas, resaltando los peligros de intensificar el papel de las fuerzas del orden locales en la aplicación de leyes migratorias. El proyecto de ley ya ha sido aprobado por la Cámara de Representantes de Arizona con el apoyo del representante Kevin Volk (D-17).
La gobernadora Katie Hobbs ha propuesto una asignación de $23 millones para el mismo fondo en su presupuesto ejecutivo. Si bien esta cantidad es menor que los $50 millones propuestos en HB 2606, aún representa un aumento en comparación con los $17 millones asignados el año pasado. Según Christian Slater, portavoz de la gobernadora Hobbs, la cifra de $23 millones no es un límite, lo que significa que podría cambiar durante las negociaciones finales del presupuesto.
"Destinar millones a la aplicación de leyes fronterizas bajo el pretexto de la seguridad pública fortalece un sistema que viola los derechos humanos, separa familias y ataca a personas por su raza y creencias. La gobernadora Hobbs debe reconocer que colaborar con esta administración no solo pone en riesgo a los ciudadanos de Arizona, sino también a las fuerzas del orden locales que perpetuarían estas injusticias”, agregó Correa.
Rural Arizona Action y otras organizaciones comunitarias están abogando por una asignación de $0, argumentando que estos fondos deberían dirigirse a programas e iniciativas que fomenten la confianza en lugar del miedo. Los fondos para la seguridad pública local deben centrarse en la seguridad de la comunidad y no en la aplicación de leyes de inmigración, que pueden conducir a la discriminación racial y dañar la confianza pública.
Ver testimonio completo aqui: Video Testimony Against HB 2606
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